' '

Europa Press - Granada

lunes, 19 de noviembre de 2018



CABALLO ROJO.


Nueve de cada diez andaluces ven enchufismo en la Junta de Andalucía



El Gobierno de Susana Díaz defrauda a la mayoría y el 78% de los encuestados creen que permite la corrupción

Juan José BorreroSevillaActualizado:19/11/2018 10:03h30
NOTICIAS RELACIONADAS
El PP, relegado al cuarto puesto en Sevilla, escenario de una guerra interna
Marín, el socio preferido incluso para los votantes socialistas
PP y Cs, a falta de entre tres y ocho escaños más para desbancar al PSOE


Los andaluces suspenden la gestión del Gobierno andaluz, no creen que haya atendido los intereses de los ciudadanos, ni que haya cumplido el compromiso electoral adquirido por el PSOE en 2015. En una proporción muy mayoritaria opina que se practica el enchufismo en la administración autonómica que, además, ha permitido la corrupción.





La encuesta de GAD3 para ABCproyecta una contundente críticaa la labor de ejecutivo de Susana Díaz inversamente proporcional a la valoración que se hace del liderazgo de la candidata socialista o de la intención de voto que señalan los mismos encuestados y que situaría al partido socialista como virtual ganador de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre al conseguir 41-42 escaños, frente a los 47 que tiene actualmente en el Parlamento andaluz.


Especialmente contundente son las respuestas del sondeo cuando se cuestiona a los encuestados si hay enchufismo en la Junta de Andalucía. Casi nueve de cada diez, exactamente, el 87,7 por ciento, si considera que lo hay. Además, se le pregunta si el Gobierno socialista de Susana Díaz «ha permitido la corrupción», un enunciado con el que se muestran de acuerdo casi el 80% de los participantes (77,9%).






La encuesta pone así de manifiesto el amplio eco que en la opinión pública han tenido los distintos casos de corrupción que están incursos en procesos judiciales(ERE, Formación, escándalo de los pagos en prostíbulos con tarjetas oficiales...), así como la sensibilidad social ante prácticas como la contratación sin concurso de mérito a afines, militantes o familiares de cargos públicos y dirigentes socialistas en organismos de la administración paralela andaluza. El ejemplo más elocuente es el de la extinta Fundación para el Fomento del Empleo Faffe, cuya plantilla pasó a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo donde realiza en la actualidad labores propias de funcionarios según ha denunciado recientemente el propio personal de la Junta de Andalucía.
Mejora el empleo


En cuanto a los problemas que más preocupan a los andaluces, la encuesta detecta mejoría en el empleo, considerado históricamente el talón de Aquiles de la política de la administración autonómica. Aún así un 50,5 por ciento de los encuestados sigue pensando que la situación ha empeorado durante el último mandato. Mucho peor es la sensación que deja la política fiscal de la Junta de Andalucía. Un 73,4 por ciento opina que ha empeorado.

sábado, 18 de abril de 2015

La Guardia Civil acredita que Chaves conoce el fraude desde 2004

La Guardia Civil acredita que Chaves conoce el fraude desde 2004

La Guardia Civil constata en un reciente atestado del caso ERE que el ex presidente andaluz Manuel Chaves conoce el fraude desde al menos 2004, cuando un grupo de mineros de Huelva denunció ante él por escrito que su Gobierno estaba pagando prejubilaciones a personas que no cumplían los requisitos para ello porque «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera». En vez de abrir una investigación, la Junta de Andalucía encubrió el escándalo prejubilando, también de forma fraudulenta, a los propios denunciantes.

El equipo de delitos económicos y tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva asegura que «el conocimiento de las irregularidades no se puede delimitar únicamente a los participantes reseñados, dado que, como acreditan diversos escritos, llegaron noticias de las mismas a la Presidencia de la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz, a la Consejería de Empleo y por supuesto a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social». 

La Guardia Civil advierte de que, «curiosamente, todos y cada uno de los individuos que reclamaban ser perceptores de rentas de prejubilación (pese a no reunir los requisitos) y transmitían su queja a las administraciones anteriormente reseñadas [entre ellas la Presidencia de la Junta] eran incluidos posteriormente en alguna de las pólizas» pagadas con fondos públicos. El atestado ha sido remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

EL MUNDO destapó el asunto en noviembre de 2011, cuando obtuvo una documentación que demostraba que un grupo de mineros informó a Chavesde la existencia de intrusos en los ERE. Los mineros enviaron un fax a Chaves el 30 de diciembre de 2011 en el que, entre un largo número de irregularidades, le informaban de que había «compañeros que no han sido ni mineros y que están prejubilados».

El presidente tramitó la queja ocho días después, el 7 de enero de 2004, pero no como un posible caso de fraude sino como una denuncia de «discriminación».

Así se desprende de la carta que la jefa de la oficina del presidente, Priscila de Domingo, remitió a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en la que señalaba que, «por indicación del excelentísimo señor presidente le adjunto escrito (...) denunciando discriminación a la que han sido sometidos siete mineros. A los efectos oportunos». Esos efectos fueron las prejubilaciones de los denunciantes, que la Guardia Civil cree fraudulentas.

A este grupo se la ha denominado los 'mineros de Chaves' que, según los agentes del equipo de delitos económicos y tecnológicos de la Guardia Civil de Huelva, «pese a no cumplir los requisitos, son incluidos (...) en un suplemento en la póliza de Bolsa de Tharsis» tras quejarse ante el presidente.

Tras cursar Chaves la denuncia de los mineros como un caso de «discriminación», el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, lo remitió al delegado de su departamento en la provincia de Huelva, Manuel Alfonso Jiménez. Meses antes, en el verano de 2003, este político ya se había reunido con los mineros, negándoles que tuvieran derecho a prejubilarse. «Se cerró a todo» se lee en la documentación en poder de este periódico sobre aquella reunión.

De hecho, cuando en febrero de 2012 recibió de nuevo la petición de los mineros, esta vez tras interceder Chaves, el delegado provincial también se negó. Ese mismo día, cesó como delegado de la Consejería de Empleo en Huelva, siendo incluido en las listas del PSOE a las elecciones autonómicas celebradas el 11 de marzo de 2004.

En el escrito remitido a Chaves, los mineros se presentaban como «socialistas y ugetistas» y señalaban que con su denuncia «no queremos dañar a nadie, sólo queremos nuestros derechos igual que los demás». Prueba del descontrol que había con los ERE, aseguraban que quien se negó a prejubilarlos no fue la Junta sino un dirigente del sindicato UGT.

El atestado policial ha analizado exclusivamente al ERE de la Faja Pirítica de Huelva, un macroproceso de prejubilaciones que acabó costando a la Junta de Andalucía al menos 138,2 millones de euros. La Junta debía haber puesto 34 millones, lo mismo que aportó el Ministerio de Trabajo, que según la Guardia Civil cumplió escrupulosamente la ley, pero la inclusión de intrusos entre los prejubilados acabó disparando la parte autonómica. Cada vez que la Junta aprobaba un nuevo desembolso hacía constar que el Ministerio pagaría el 50% «a sabiendas de su falsedad».

Los agentes indican en el atestado que estas ilegalidades se cometían a instancias de los sindicatos «o bien a través de presiones políticas» elevando la responsabilidad por encima de los directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que considera mera «correa de transmisión».

El papel de los sindicatos CCOO y UGT es determinante, a juicio de los agentes, que encuentran indicios de un presunto delito de malversación de fondos contra el actual secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y de su homólogo en UGT hasta 2013, Manuel Pastrana. CCOO de Andalucía negó ayer que existan irregularidades en los ERE atribuibles a la estructura del sindicato.

Además, la Guardia Civil observa indicios de prevaricación y malversación por parte del ex consejero de Empleo y hoy diputado en el Congreso, José Antonio Viera, por lo que es posible que el documento acabe siendo remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, competente en el caso de los aforados.

Vía EL MUNDO 


jueves, 2 de octubre de 2014

Desmontando a " Podemos" y a Pablo Iglesias.

El periodista andaluz Álvaro Ojeda desmonta a "Podemos" y a Pablo Iglesias

No se pierda este vídeo que incluimos. El vídeo del periodista andaluz de Radio Marca, Álvaro Ojeda, criticando a Podemos se ha convertido en un auténtico fenómeno en la red.

A través de un vídeo en Youtube, este periodista ha decidido "desmontar" la política de Pablo Iglesias y por ahora, lleva más de 20.000 visitas.

El periodista advierte en el vídeo sobre las nefastas consecuencias que, según él, tendría para España la llegada de Podemos. "Pablo Iglesias es un nuevo mesías, hemos visto a muchos, esa gente no va a ningún lado, es de los políticos que te prometen el cielo y te llevan al infierno". "Que yo no pueda ganar 3.000 euros porque tú quieras redistribuirlo, vete al carajo" dice Ojeda.

Véalo aquí:   
http://youtu.be/ubCNqaabGis

jueves, 8 de mayo de 2014

Estos son los responsables políticos de la junta de Andalucía y del PSOE en la trama de los cursos de formación.

Estos son los máximos responsables de los cursos de formación de la Junta

Susana Díaz (c), con los expresidentes andaluces José Rodríguez de la Borbolla (i), Manuel Chaves (2i), José Antonio Griñán (2d) y Rafael Escuredo (d). (Efe)

Son responsables políticos de la Junta de Andalucía y del PSOE que gestionaron los cursos de formación investigados por la UDEF. Es esta unidad de la Policía y la Justicia –el caso está a punto de judicializarse– quien deberá determinar su implicación en esta estafa llamadaOperación Edu que según las primeras estimaciones de los investigadores policiales podría llegar a 2.000 millones de euros, como adelantó este diario el pasado 15 de abril.

El Confidencial enumera quiénes son estos políticos que gestionaban entre el periodo 2007 y 2013 el último programa europeo de los fondos sociales de la formación que salpica al Gobierno andaluz. Se trata de un caso distinto al de los ERE, aunque algunos de los protagonistas son los mismos que los de la trama de corrupción que aún instruye la juezMercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. ¿Será Alaya quien se encargue también de este caso?

Consejeros

Antonio Fernández, consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010. El primer consejero de la Junta que estuvo en prisión (durante cuatro meses) fue acusado por Alaya de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones, cohecho y falsedad en documento público. Fernández dirigió el Servicio Andaluz de Empleo, el organismo que concedía las ayudas de los cursos.

Manuel Recio, consejero de Empleo entre 2010-2012, también era responsable del Servicio Andaluz del Empleo, el instrumento estrella sobre el que pivotaba la concesión de las ayudas. Fue uno de los fichajes estrella de José Antonio Griñán cuando el presidente de la Junta decidió sustituir a Fernández. Está preimputado por la juez Alaya en el caso de los ERE. En su blog no tuvo dudas en defender el sistema de ayudas sociolaborales: “Ha servido para que muchos trabajadores, cuyas empresas estaban en crisis o a punto de cerrar, hayan podido acogerse a un sistema de prejubilaciones que les reconozca su esfuerzo durante tantos años y les aporte la dignidad necesaria para poder vivir el resto de sus días”. La Junta le pagaba a él y a su mujer, director general de la Competencia, dos alquileres en Sevilla

El exconsejero Manuel Recio. (Efe)El exconsejero Manuel Recio. (Efe)

Antonio Ávila, consejero de Empleo (2012-2013). También preimputado en el caso de las falsas prejubilaciones, fue el último responsable de Empleo antes de que estas competencias las asumiera la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que capitanea Luciano Alonso. Ávila fue sustituido por el polémico consejero Pepín Sánchez Maldonado, quien llegó a declarar a este diario que se sentía “en fuera de juego”

Directores generales

Sin contar a los viceconsejeros, en el escalafón inmediatamente posterior se situarían los directores generales de Formación para el Empleo en la etapa investigada. Uno de estos altos cargos es María Teresa Florido Mancheño, nombrada en 2011 por el consejero Recio y destituida por Alonso en 2013. 

José Antonio Griñan (c), María Teresa Caravaca (i) y Francisco Conejo (d). (Efe)José Antonio Griñan (c), María Teresa Caravaca (i) y Francisco Conejo (d). (Efe)

¿Por qué dejó el cargo Florido, exconcejal delegada de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Sevilla? No se ofreció una explicación clara. La responsable en la consejería de los fondos de formación que están bajo sospecha sustituyó entonces a Andrés Sánchez Hernández, que presentó su dimisión por razones personales, al mismo tiempo que el jefe de gabinete del consejero de Empleo, Rafael Calvache.

En mayo de 2011 ya había renunciado de manera "irrevocable" la directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Alejandra Rueda Cruz, tras apenas un año en el puesto. ¿El argumento? Otra vez “las razones personales". El actual director general de Formación para el Empleo es Carlos Cañavate de León, abogado de Málaga, próximo a Francisco Conejo, secretario de Política Institucional del PSOE andaluz. 

El destino del dinero de los cursos de Formación también lo controlaban directores generales de Presupuestos como Antonio Lozano Buenaventura Aguilera, cuya primera imputación en el caso de los ERE fue anulada por la Audiencia por "falta de concreción". Alaya les acusa ahora del "oscurantismo e ilegalidad" de las ayudas. La juez repite textualmente la imputación a ambos exaltos cargos, que les fue "leída detenidamente", con motivo de su declaración como imputados en septiembre del 2013. Ahora añade los argumentos de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la Intervención del Estado para culparles del "oscurantismo" e "ilegalidad" de las ayudas.

Antonio Lozano, exdirector de presupuesto de la Junta. (Efe)Antonio Lozano, exdirector de presupuesto de la Junta. (Efe)

Delegados/as provinciales de Empleo

Las pesquisas sobre la gestión de Juan Carlos Lomeña, delegado de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga entre 2004 y 2011, es la que ahora llevan más adelantada los agentes de la UDEF. Lomeña es hombre de confianza del PSOE de Málaga deMarisa Bustinduy, exportavoz en el ayuntamiento de la capital malagueña y actual responsable de Turismo en la Ejecutiva Regional socialista.

En declaraciones a El Confidencial, argumentó que las solicitudes de los cursos de formación se daban “por concurrencia competitiva además de acreditar la documentación”. El exdelegado de Empleo en Málaga también admitió que se podrían haber dado algunas irregularidades. “La falsificación puede aparecer en cualquier momento. Si te falsifican, te falsifican. A ti y al sursum corda”, señaló a este diario.

En esta misma línea se situarían, además de Lomeña, Susana Radío y Marta Rueda, sucesoras en el cargo de Lomeña en la Junta en Málaga. Tanto Radío como Rueda son políticas de confianza del consejero Sánchez Maldonado. Han sido delegadas en Málaga de la Consejería de Empleo de la Junta. Rueda asumió este cargo en agosto de 2012 y no ha realizado “ninguna investigación interna sobre el fraude de sus antecesores”, según fuentes de la Junta. Antes había ejercido como delegada de Economía, Ciencia de Innovación y delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, la máxima responsable del Ejecutivo andaluz en la ciudad costasoleña. También es secretaria de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga, como ya publicó este diario.

El ‘exnúmero 2’ Rafael Velasco

El maná de los cursos de formación se saldó en 2010 con una víctima política de gran relevancia. Rafael Velasco, nombrado por Griñán en 2010 vicesecretario general del PSOE de Andalucía. El mirlo blanco del partido tuvo que dimitir por las subvenciones de 730.000 euros durante cuatro años que la Junta concedió a Aulacen Cinco, la academia de formación profesional de su mujer que regentaba en Córdoba su esposa, Antonia Montilla. La empresa se constituyó en 2005.

Rafael Velasco (i), con Manuel Chaves (d). (Efe)Rafael Velasco (i), con Manuel Chaves (d). (Efe)

Chaves, Griñán… y Susana Díaz

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, como máximos responsables del Ejecutivo andaluz, también tendrían protagonismo en esta trama al ser los encargados de nombrar a los consejeros de Empleo. El papel de Griñán sería determinante. Este diario ha destapado que burló la obligación de publicar las ayudas para cursos clavándolas en un corcho y dio 56 millones de euros de ayudas a la formación tras perder las elecciones autonómicas de 2012.

La actual presidenta Susana Díaz, que era número 2 del PSOE en el periodo en el que ahora mismo centra la investigación la UDEF, tendría un relevante papel, así como el caso de su marido, José María Moriche, que trabajó para Fies Andalucía, una fundación de UGT que recibió 6,5 millones de euros en 14 años, como publicó El Confidencial el pasado 23 de abril.

sábado, 22 de marzo de 2014

Fiscal pide 8 años de inhabilitación para Mariano Ruiz, exalcalde de Lanjarón (PSOE) por prevaricación y malversación.

Fiscal pide 8 años de inhabilitación para Mariano Ruiz, exalcalde de Lanjarón (PSOE) por prevaricación y malversación.

GRANADA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía de Granada ha solicitado ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al que fuera alcalde de Lanjarón (Granada), el socialista Mariano Ruiz, por un supuesto delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de alquiler del camión de la basura a la empresa de otro regidor del mismo partido, concretamente de Albondón.

   Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, en su condición de alcalde, acordó el 8 de abril de 2009 la "ilícita adjudicación" del contrato de arrendamiento del camión a favor de la entidad HermaCasti S.L., por un valor de 9.000 euros mensuales y sin duración determinada, "omitiendo la tramitación del correspondiente expediente de contratación y sin que consten los motivos que justificaron" el procedimiento.

   El alcalde, que es actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, actuó, según el fiscal, "siendo plenamente consciente del carácter arbitrario de su decisión", y de que estaba "eludiendo" el cumplimiento de la normativa sobre contratos del sector público, "en total contravención de los principios de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos".

   Ya el 2 de julio de 2009 se aprobó por unanimidad de la Junta de gobierno Local el pliego de condiciones para la adquisición de un nuevo vehículo para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos mediante la modalidad de arrendamiento tipo 'renting'.

   El 5 de noviembre de ese mismo año, previa tramitación del expediente de contratación, se adjudicó provisionalmente el suministro del vehículo, y después, el 16 de febrero de 2010, se publicó en el BOP la adjudicación definitiva. Sin embargo, no se procedió a la entrega del nuevo camión de la basura hasta el mes de junio de 2010 como consecuencia de diversos inconvenientes relativos a la matriculación del vehículo.

   De esta manera, el alquiler del camión se prolongó desde el 8 de abril de 2009 hasta el 28 de junio de 2010, habiendo desembolsado el Ayuntamiento una cantidad aproximada de 100.000 euros por este concepto, "con absoluta falta de cobertura jurídica por cuanto se soslayó el oportuno expediente de contratación regulado" en la normativa al respecto.

VALORACIÓN DEL PP

   Tras hacer pública la acusación de la Fiscalía, que dará lugar a la apertura de juicio oral en un Juzgado de lo Penal, el actual alcalde de la localidad, Eric Escobedo (PP), ha explicado que el Ayuntamiento, personado como acusación, también amplía su denuncia al hoy exalcalde de Albondón, y solicita una responsabilidad civil a los dos regidores, por el perjuicio económico ocasionado.

   Para Escobedo, Ruiz debe dimitir como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento antes de que el juez lo inhabilite, y reconocer que ha "malversado fondos públicos".

   Por su parte, el diputado provincial Francisco Tarifa (PP) ha considerado que éste es "un caso de compadreo político entre un alcalde y un exlacalde ya, que además era empresario, también del PSOE", que presentó hace unos meses su dimisión por asuntos personales.

   "Si el fiscal pide inhabilitación es porque hay indicios de que está más que probado que estaban esquilmando las arcas públicas", ha indicado Tarifa, quien además ha reclamado a la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez, que exija la dimisión a Ruiz, lo que, en su opinión, "sería un ejemplo de responsabilidad política".

jueves, 11 de abril de 2013

Mariano cada vez más cerca de...

@caballorojo6: ...indicios racionales de criminalidad en relación con un delito de PREVARICACIÓN...El fiscal sobre Mariano Ruiz, ex alcalde de #Lanjarón

miércoles, 20 de marzo de 2013

El ex presidente de Invercaria, imputado, implica al ex consejero Vallejo. La familia de Felipe González vinculada al caso Invercaria

El ex presidente de Invercaria, imputado, implica al ex consejero Vallejo. La familia de Felipe González vinculada al caso Invercaria

La implicación se deduce directamente de un escrito que el propio ex presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, entregó a la Policía Judicial el pasado 14 de febrero. Del escrito, subraya ABC, cabe concluir que la implicación de la Consejería de Innovación, regida entonces por el socialista Francisco Vallejo, era totaldado que el propio consejero tenía pleno conocimiento de todo lo que se hizo. Pérez Sauquillo ha sido imputado por malversación de caudales públicos en elcaso Invercaria. La policía señala además que la familia del sobrino de Felipe González, Juan Manuel González Mejías, que tambièn presidió  Invercaria, tiene "una suerte de vínculo" con Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía(FIVA), la empresa investigada que dio origen a este caso.Es más, la policía concreta la implicación del ex Consejero Vallejo del siguiente modo: "Considerando que la actuación de Invercaria respecto a FIVA ha sido atípica y que desde los más altos cargos responsables de Invercaria se tenía conocimiento, según reconoce el máximo responsable de Invercaria [Tomás Pérez-Sauquillo], debe presumirse la connivencia en las actuaciones investigadas de las personas que ocuparon dichos cargos, como son el director general de la Agencia IDEA y el propio consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía».El País lo explica con mayor claridad aún cuando expone que la policía señala al exconsejero de Innovación y diputado socialista Francisco Vallejo por los testimonios recabados. “Tenía un conocimiento cercano y directo de las operaciones realizadas entre Invercaria y Fiva (...) Era una apuesta personal del consejero”. Vallejo rechazó ayer conocer el día a día de la firma. “Me invitaron a presentar el proyecto y me pareció interesante. Eso es todo”, dijo. En el periodo investigado junto a Pérez Sauquillo figuran los expresidentes Laura Gómiz y Juan María González Mejías, sobrino del expresidente Felipe González, y cuya familia posee una “suerte de vínculo” con FIVA, según la policía. Este vínculo, según la policía, se establece porque un hermano de Juan María González fue administrador de la sociedad Los 15 Amigos SL, en sustitución de Jesús Bores, que a su vez participa en FIVA, y cuya familia es asimismo amiga de la de Felipe González.Ayer se hizo pública la imputación del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo. Tendrá que declarar el 13 de mayo como imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos en el fallido proyecto de la firma Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). Además, han sido imputados Francisco Barrionuevo, presidente de Novasoft, el exgerente del portal web José Luis Hidalgo Ruiz; Francisco Gallardo Hill del Grupo Imagen y Juan Antonio Bardón de Innovaes Formas de Comunicación. Tambièn han sido imputados dos empleados de Invercaria, Gonzalo Alba Beteré, analista de Invercaria que participó en el consejo de FIVA, y el director de Finanzas de Invercaria, Antonio Nieto Garrido. El caso FIVA e InvercariaEl caso es que la Junta invirtió un millón de euros en FIVA, “un portal virtual que a día de hoy no está operativo” sin respetar el procedimiento establecido por la normativa reguladora de Invercaria para el compromiso de gastos. La Policía dice no detectar  un aumento especialmente significativo del patrimonio personal de las personas investigadas pero sí descubre un notable incremento de los patrimonios de algunas de las sociedades que gestionan Pérez Sauquillo, Bardón y Nieto. Además, acentúa el gran desorden contable y financiero existente y expone que "la financiación de FIVA ha sido muy irregular. Destacan las denominadas asistencias financieras, realizadas sin control ni procedimiento de formalización alguno. Respecto a los préstamos participativos, se observa una ausencia casi total de documentación justificativa de los mismos”. Además, la policía denuncia facturaciones por gabinete de prensa y publicidad cuando la empresa no tenía actividad comercial. Tambièn señala numerosas irregularidades documentales con  incongruencias por fechas y cantidades económicas no coincidentes con la realidad”Por si fuera poco, la policía sospecha que la mayor parte de las actas del Consejo de Administración fueron “post datadas”, es decir, firmadas a posteriori por los socios. Las empresas paralelas Pérez Sauquillo y Nieto, que trabajaban en Invercaria, constituyeron en 2004 Cartom Urbana y Procuysa, empresas para la construcción y promoción de viviendas. Nieto compró participaciones en la firma Los 15 Amigos SL, cuyo administrador único fue Jesús Bores, perteneciente a una familia "amiga" de Felipe González, quien en 2010 ascendería a vicesecretario de FIVA. La policía destaca la “especial implicación” del empresario Juan Antonio Bardón en FIVA. “Se descubre su relación familiar con una persona vinculada a la gestión y concesión de fondos de la Junta, hecho negado expresamente por el mismo en su declaración”.Un portal de Internet sin dominio adecuado en Internet y facturas extrañas Novasoft cobró 559.189 euros “por un trabajo incompleto y/o insuficiente”, subraya la policía. Es sorprendente, por ejemplo, que el supuesto portal que hizo no fuera el titular del dominio "fiva.es", dominio que pertenece a  la empresa Corporación Gráfica desde el 22 de enero de 2006, siete días antes de aprobación de la inversión por parte de FIVA.  El análisis de los datos aportados por el Grupo Imagen refleja tres facturas por 24.940 euros, pese a que la suma real asciende a 27.930 euros. El mismo error ocurre con Corporación Gráfica por cinco facturas que ascendían a 26.021 euros, cuando la firma había informado de un importe de 22.648 euros. El PP equipara, aporta El País,  el caso Invercaria al caso de los ERE por el supuesto descontrol en la concesión de fondos públicos y se refiere al informe de la Cámara de Cuentas, origen del caso. Los gastos suntuarios de Sauquillo Esta imputación, anota El Mundo, viene a dar la razón a  la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez que investiga supuestas irregularidades en Invercaria que imputase a Tomás Pérez-Sauquillo, que, mientras ejerció su cargo comía en algunos de los mejores restaurantes de Sevilla, Madrid, Córdoba, Jaén, Almería o Ciudad Real y la Junta de Andalucía pagaba la factura. Utilizaba una tarjeta Visa Bussiness asociada a una cuenta de la empresa pública, con la que en el año 2009 llegó a gastarse 24.264,62 euros, casi todo en restaurantes.Recuérdese que Pérez Sauquillo pasó la tarjeta de crédito de Invercaria para pagar 127 comidas en 2009, un año que tuvo 253 días laborables. Es decir, cada dos días almorzaba o cenaba con cargo a las arcas públicas a una media de casi 190 euros el ágape, según se desprende del extracto de la tarjeta Visa.El ridículo y la "transparencia" de la JuntaEn plena campaña por una regeneración vía transparencia, la Junta de Andalucía ha topado con su propia opacidad. Durante los dos últimos años, la Junta ha negado sistemáticamente que existiera caso Invercaria, caso que se le viene encima ahora con la imputación del ex presidente Sauquillo. Pero, como ya es costumbre, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró tras conocer la imputación del ex alto cargo socialista que la Junta va a "colaborar en lograr cuanto antes un esclarecimiento de los hechos, tal y como ha estado haciendo hasta la fecha". Es más, llegó a decir que no se puede poner en duda "que la Junta de Andalucía defiende el rigor y la transparencia de los fondos públicos", subrayando que "si alguien tiene que pagar por una actividad o actitud irregular, pues tendrá que hacerlo". No recordó, al parecer, que el juez llegó a amenazar con imputar un delito de desobediencia a la autoridad judicial al actual presidente de Invercaria, Francisco Álvaro, por su poca colaboración al no entregarle documentación requerida.  Cuando alguien le recordó que durante años ha negado el caso Invercaria, Vázquez dijo que como estamos en un Estado de derecho ya se verá si hay un procedimiento de vista oral o hay un sobreseimiento.